En los años 50’s del siglo pasado, los oncólogos de la región estudiaron los primeros casos de cáncer de piel por efecto de la ingesta de agua contaminada con arsénico y cuya causa era la sobre explotación de manto acuífero. Eran los últimos años del auge algodonero y la búsqueda de alternativas agropecuarias para enfrentar la crisis de la actividad económica de La Laguna; dos asuntos que desde entonces han ido de la mano. Una de las primeras reacciones fue acusar el desperdicio de agua en las casas de la zona urbana, y la pérdida del líquido por las malas condiciones de las redes de distribución. Quienes participaban en esos debates, comprobaron gráfica y matemáticamente que el gasto de agua para consumo humano, destinado a la ciudad y ejidos, aún con esos agravantes, era insignificante, comparado con el destinado al uso agrícola. Se habló además de pozos clandestinos, extracciones solapadas por las autoridades federales tras vínculos de corrupción y compadrazgos. Voces enérgicas clamaron por la abolición de esas prácticas, por buscar otras actividades económicas que no comprometiera el abatimiento de los mantos y una planeación que evitara males mayores a la población. Los tacharon de exagerados.
Soluciones paliativas que entonces se propusieron ante el fracaso de hacer valer las soluciones de fondo, también se desestimaron. Aunque con datos científicos en la mano, aquellos locos, casi anónimos, “que no querían el progreso de Torreón y La Laguna”, eran ciertamente pocos y por supuesto, nada poderosos económicamente hablado. Los efectos fueron nulos, ni siquiera intentos de acciones responsables de las partes involucradas.
Desde entonces, cada visita de obispo, se trepa a la palestra el problema, especialmente cuando no hay noticia importante que difundir, o en vísperas de campañas políticas donde se solicitan propuestas a los problemas torales de la región. Hoy el tiempo nos ha alcanzado. Las acciones que resuelvan el conflicto, ofreciendo aliento y certeza de vida a la comunidad lagunera, siguen sin abordarse; la urgencia ha obligado soluciones temporales, y con dinero público se enfrenta un problema provocado por sectores no públicos de la economía. Lo menos es compartir costos de los remedios, lo más: responsabilizarse en varios planos de la solución definitiva. Así, en lugar de gastar dinero de las arcas públicas en estos bártulos, se estaría destinando a escuelas, a infraestructura urbana, a centros culturales, a ser efectivos en la atracción de empresas alternativas, quienes no vienen a instalarse en nuestra región, simplemente porque saben y consideran la realidad innegable: ¡ya no tenemos agua!
domingo, 19 de agosto de 2012
¡Quién se ha tomado mi agua!, por Rodolfo Esparza Cárdenas
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